Hoy conmemoramos el 70 aniversario del derecho al voto de las mexicanas, el 17 de octubre de 1953, el entonces presidente de la república mexicana, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó una reforma constitucional para que a las mexicanas se nos reconociera el derecho al voto.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó que, a partir de esa fecha, las mujeres podrían votar y ser votadas, y elegir a sus representantes en las urnas.

No obstante esta importante fecha, hoy es un buen día para reflexionar sobre el contexto actual en el que las mujeres participamos en la esfera política.

La violencia sigue siendo la manifestación más cruel de las desigualdades humanas. La violencia contra las mujeres tiene su raíz en el control o el poder que la misoginia ejerce sobre nosotras. Se refleja en acciones que en pleno siglo XXI siguen siendo socialmente aceptadas y/o toleradas y se fundamentan en creencias, actitudes y comportamientos discriminatorios, configurando con ello un orden jerárquico injusto de las relaciones entre hombres y mujeres, colocando a aquellos como superiores y a nosotras como inferiores.

Por lo tanto, el componente esencial de esta desigualdad es la esfera del ejercicio del poder. Hoy es importante recordar este aspecto porque desde la perspectiva feminista, las mujeres no nos hemos levantado en armas para exigir igualdad, al contrario, hemos hecho evidentes desde diferentes espacios, las desigualdades que pesan sobre nosotras; desde la reflexión filosófica, el pensamiento político y la academia, hasta la participación en movimientos sociales y políticos en las diferentes etapas de la historia.

Es pertinente recordar hoy a Olympe de Gouges en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1971, cito: “La mujer tiene el derecho de subir al cadalso, por lo tanto debe también tener el poder de subir a la tribuna…”. Parece mentira que en pleno siglo XXI muchas mujeres se sigan jugando la vida para poder aspirar a la participación política en términos de igualdad y libres de violencia.

Por ello, aunque hoy valoramos el avance de nuestros derechos políticos como lo es el derecho a votar y ser electas; lo que está en el centro de esta desigualdad es el derecho humano de las mujeres al ejercicio del poder político. Hemos nacido expropiadas de este derecho y lo más difícil ha sido convencer al resto del mundo de que el concepto esencial de igualdad debe definir la condición humana.

No obstante, y después de mucho batallar, el derecho humano de las mujeres al ejercicio del poder político ha sido reconocido y plasmado en diferentes instrumentos jurídicos, lo que ha obligado a los Estados y gobiernos a garantizarlo como el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.

En cuanto surge este reconocimiento surge también el reto de ser incorporadas a la participación política en sentido amplio, trastocando con ello el concepto de democracia a secas, para transformarla en democracia genérica.

Volviendo a la perspectiva feminista, se ha planteado a fines del siglo pasado, el término democracia genérica, así, con apellido.Se requiere observar las especificidades, la acumulación de desventajas históricas y sociales de género que funcionan como obstáculos para lograr la participación política de las mujeres en pie de igualdad, porque las desigualdades, la discriminación y la violencia política contra nosotras, no se elimina por decreto.

El reconocimiento de nuestros derechos políticos nos enfrenta a dos retos monumentales, a saber: desmontar o modificar gradualmente el andamiaje institucional que nos ha privado de derechos e instancias que garanticen nuestra participación política plena por un lado.

Y, por otra parte, y mucho más difícil, la modificación de esas condiciones estructurales de desigualdad que enfrentamos las mujeres, como son las desigualdades económicas, las diferentes violencias contra nosotras, la discriminación sistemática y muchos etcéteras más.

Esta reflexión es pertinente porque hoy que en México conmemoramos el 70 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, vale la pena desglosar la problemática que aún se enfrenta para el ejercicio de nuestra ciudadanía plena.

Aquí cito a la gran Marcela Lagarde cuando escribe que: “… cada cambio que elimine verticalismos, jerarquías, autoritarismo, presidencialismo, machismo o misoginia, es base para la democratización de género. Si exigimos desmontar la impunidad en el Estado porque legitima la impunidad en los hogares, en las calles, en los sindicatos, estaremos construyendo una alternativa benéfica para la democracia misma” (El Feminismo en mi Vida hitos, claves y utopías. 2012, pg. 124).

Aquí es cuando debe surgir como base del ejercicio de nuestros derechos políticos el empoderamiento de las mujeres que vaya configurando esa democracia genérica que fortalezca nuestra ciudadanía. Citando nuevamente  a Lagarde diremos que: “La ciudadanía de las mujeres es un estado individual y un estado colectivo. Es un estado personal y un estado social”. (ibidem). “Aspiramos a convertir la ciudadanía en la estructura de la condición de género, con el desarrollo de poderes vitales en las mujeres y en la incidencia con poder de las mujeres en la sexualidad, la economía, la educación, el desarrollo social, la ciencia, la comunicación el arte y la política” (op. cit.).

Centrándonos en nuestro país, esta es una buena fecha para reconocer los esfuerzos que las mujeres mexicanas hemos realizado desde hace más de cien años, cuando en el primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán en 1916, se profundizó en la exigencia de las mujeres a participar en política en igualdad de derechos y condiciones que los hombres.

Como sabemos, todos esos esfuerzos se han visto reflejados lenta y paulatinamente, hasta llegar a las reformas constitucionales y a ocho leyes generales en el año 2020, por las que hoy se considera la violencia política contra las mujeres como un delito, y como conducta sancionable en el ámbito administrativo y electoral.

Como decimos las feministas “el derecho a tener derechos” es la pista de arranque de la democracia genérica, y el reconocimiento del derecho a ejercer la política libre de violencia, es solo el principio.

El 13 abril del 2020 después de muchos años de esfuerzos, sepublicó en nuestro país la Reforma sobre Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en el Diario Oficial de la Federación DOF, la cual considera en lo relativo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, entre otros elementos, los siguientes:

• Concepto de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género (VPCM).
• 22 conductas (acciones u omisiones) que expresan Violencia Política contra las Mujeres.
• Se garantiza protección desde las precandidaturas, candidaturas, contender en condiciones de igualdad con los hombres (apoyo para campañas electorales, acceso a tiempos de radio y tv de los partidos, monitoreo de spots), posesión del cargo y el ejercicio del mismo.
• La VPCM puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
• Faculta al INE, OPLES, TEPJF y Tribunales Electorales Locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección (precautorias y cautelares).
• El INE se integra al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Se Faculta al INE y OPLES para PROMOVER LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA; incorporar la perspectiva de género al MONITOREO de transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en programas de radio y televisión; SANCIONAR las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género.

En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos se establece que:

• Los partidos políticos deberán garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política.
• En lo relativo a Ley General en Materia de Delitos Electorales se sanciona y señala que comete el delito de VPCMRG con pena de cuatro a seis años de prisión y de 50 a 300 días multa, dependiendo de los supuestos considerados por diversas leyes.

De esta forma, la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género se sancionará:

1. Como infracción electoral a través del Procedimiento Especial Sancionador PES. (sancionar a cualquier persona)
2. Como violación a derechos político-electorales a través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) competencia del TEPJF. (restitución del derecho vulnerado)
3. Como un delito electoral (vía penal). (castigar a persona infractora con multa o privación de la libertad)
4. Como una falta administrativa grave (responsabilidad administrativa) si persona infractora es Servidor Público. (Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: Cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) Sancionar

Otro avance importante se dio el 24 de mayo de este año, el Senado de la República elevó a rango constitucional el conjunto de reformas que hoy conocemos como “Ley 3 de 3”, que impide ocupar cargos de representación popular y/o ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. Este logro debe reconocerse al movimiento feminista y amplio de mujeres que se movilizó bajo la consigna: “Ningún agresor al poder”.

No obstante estos importantes avances, México aún tiene muchos retos en materia de participación política de las mujeres. La Recomendación General Número 23 del Comité  para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el apartado de antecedentes, recuerda que “La discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que dificulta su participación, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de sus posibilidades para prestar servicio a su país y a la humanidad.”

En la actualidad nos encontramos en un contexto muy delicado para la participación política de las mujeres en México, entre las preocupaciones del Comité CEDAW se encuentran el incremento acelerado y constante de violencia contra las mujeres incluida la violencia física, psicológica, sexual, económica, doméstica, así como las desapariciones forzadas, tortura sexual y feminicidios.

Las desventajas estructurales de género

Es necesario evidenciar que las mujeres no hacen política en las mismas condiciones que los hombres. Para muchas mujeres la sobre carga de las dobles y triples jornadas de trabajo y cuidado de familiares y enfermos, hace prácticamente imposible plantearse participar en política, sufren lo que especialistas llaman “pobreza de tiempo”

Por otra parte, la situación económica de las mujeres también influye sensiblemente a la hora en que las mujeres desean participar o ya participan políticamente. La “realpolitik” exige la conformación y sostenimiento de equipos políticos, exige capacitación electoral, capacidad de movilidad, inversión de recursos económicos, etcétera; todo ello para poder ser “competitivas” al interior de los partidos políticos y más difícil aún, fuera de ellos, por lo que la mayoría de las mujeres no logran su empoderamiento para colocarse en igualdad de condiciones que los hombres, que mayormente tienen autonomía económica y cuentan con todas las condiciones antes referidas para participar en política.

¿Hay condiciones para la ciudadanía plena de las mujeres?

Contexto en el que se encuentran las mujeres:

Violencia de género

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021, estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación (27.4 %)

Feminicidios

• En 2022, se denunciaron 968 casos de feminicidios, un aumento del 127 % con respecto a 2015. En la actualidad, aproximadamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio.

Desigualdad laboral y económica

• Las mujeres aún enfrentan salarios más bajos en comparación con los hombres por trabajos equivalentes. La OCDE indica que las mujeres en México ganan en promedio un 16.5% menos que los hombres.

• Las mujeres enfrentan una mayor precariedad laboral, y muchas están concentradas en sectores informales sin acceso a prestaciones. Según el INEGI, la tasa de participación económica de las mujeres es del 45.4%, mientras que para los hombres es del 77.5% (2020).

• Educación.

A pesar de que las mujeres representan casi el 52% de la población, el  80% no ha terminado la preparatoria. Esto repercute en salarios más bajos y mayor pobreza femenina. Las cifras se ven agravadas por factores como la desigualdad de género, el acoso en escuelas y lugares de trabajo, embarazos adolescentes, abusos sexuales, entre otros.

• Feminización de la pobreza.

Según datos del CONEVAL, en el lapso de 2020 a 2022, el 73% de las mujeres en México reportaron vivir en alguna condición de pobreza. Esto se traduce en que, actualmente, 29.1 millones de mujeres en México están sumergidas en esta problemática.

• La crisis de cuidados

La crisis de cuidados ha sido reconocida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha exhortado a los gobiernos a impulsar políticas de cuidado, promoviendo la corresponsabilidad y  con ello, la autonomía de las mujeres.

En la Cámara de Diputados de nuestro país , a finales del año 2020, se aprobó una reforma que eleva a rango constitucional el derecho al cuidado y establece la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres modificando el artículo 4 y 73 de la Constitución para crear el Sistema Nacional de Cuidados, ésta reforma está pendiente de aprobación por el senado.

La pandemia de covid-19

No nos olvidamos de uno de los fenómenos globales más dolorosos que ha experimentado la humanidad en su historia reciente, la pandemia de Covid-19, le demostró al mundo la fragilidad, la desigualdad y la injusticia en la que se sostiene la viabilidad del modelo de sociedad actual, el confinamiento en los hogares evidenció las violencias múltiples y los abusos contra las mujeres y la niñez, la pandemia nos demostró la cara de una sociedad en la que pesan aún muchas desigualdades de género por desmontar.

Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la conmemoración del voto de las mujeres en nuestro país?, pero la respuesta está a la vista, tiene todo que ver, mientras las mujeres sigan siendo asesinadas en razón de género, mientras no exista igualdad para alcanzar niveles de educación superior para ellas, mientras haya precariedad salarial y laboral en perjuicio de nosotras, mientras la pobreza se dibuje cada vez más con rostro de mujer, y mientras la carga del trabajo doméstico y de cuidados de toda la sociedad mexicana recaiga en los hombros de las mujeres, ni las mejores leyes de paridad y de castigo a la violencia política bastarán para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía. Porque ser consideradas ciudadanas no solo implica poder votar y ser electas, significa contar con las condiciones básicas para la participación política. Preguntémonos si una mujer violentada, sin profesión, con un empleo precario y además pobre, ¿tendrá condiciones para participar en política? Pensemos si es misma mujer es indígena o vive con alguna discapacidad, o es estigmatizada por pertenecer a la diversidad sexual, ¿qué probabilidades tendría de llegar a ser presidenta municipal, gobernadora o legisladora?, ¿qué probabilidades tendría esa misma mujer de competir en igualdad de condiciones que los hombres en la arena política?, y solo hablamos de poder competir, ¡no hablamos siquiera de ganar!

Por lo tanto, a pesar, y quizá a causa de las adversidades, las mujeres debemos celebrar con ahínco la conquista de nuestros derechos políticos, porque éstos, no nos han sido obsequiados, son el resultado de más de cien años de luchas de las mujeres mexicanas, sin embargo, no hay que perder de vista que el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía pasa por la construcción de un nuevo pacto social, que coloque a hombres y mujeres en esa condición que Marcela Lagarde llama la “equivalencia humana”, que permita un piso parejo para que las mujeres podamos ejercer nuestra ciudadanía en plenitud; libres de pobreza, de violencia y de una carga social injusta que ahogue las legítimas aspiraciones de las mujeres de ejercer el poder político.

Hoy, por supuesto, celebramos 70 años del voto de las mexicanas, pero no perdemos de vista que la construcción de un país más justo para nosotras camina a la par del reconocimiento de nuestros derechos políticos, y es la única garantía para ejercer de manera plena nuestra ciudadanía.